Luis Ángel Bravo Contreras, señaló que hay una averiguación por la desaparición de un jefe policiaco de la zona de Orizaba
Veracruz.-(Radiover/Alejandra Herrera Gómez) El procurador general de Justicia, Luis Ángel Bravo Contreras, señaló que hay una averiguación por la desaparición de un jefe policiaco de la zona de Orizaba, pero debido a lo delicado del asunto, no se puede revelar ningún tipo de información.
Por otro lado, señaló que este viernes se puso en marcha dos oficinas periciales para mejorar el servicio que brinda la Procuraduría y señaló que se han dado de baja a más de 60 trabajadores de dicha dependencia, los cuales por omisiones o incumplimiento de un deber legal podría ir a dar a la cárcel.
“Claro que sí, y no puedo hablar de ella porque está muy delicada y me da, la ley me impone secrecía en razón del hecho, pero sí estamos investigando. De investigaciones activas no puedo dar nada, me meto un tiro en el pie, es impedimento constitucional”.
Por otro lado, anunció la inauguración de nuevas oficinas de Servicios Periciales, con la finalidad de mejorar el trabajo que se realiza en la Procuraduría General de Justicia.
Señaló, que se siguen despidiendo colaboradores de la dependencia que no realizan bien su trabajo o que no prestan la debida atención a la ciudadanía, asimismo advirtió que en algunos casos podrían terminar incluso en la cárcel por incumplimiento de un deber legal.
“De eso no quisiera ni hablar, pero van 69 funcionarios que han tenido que o han salido de la institución por cuestiones de una indebida integración de expedientes y también por quejas de omisiones que incurren en sus funciones”.
Mencionó, que algunos han sido cesados, removidos o están en procedimiento, debido a que la ley permite que la Subprocuraduría pueda remover cautelarmente a los funcionarios, “me da pena decirlo, pero así ha tenido que ser”.
“Sí hay algunos casos, por ejemplo en el caso de Tecolutla, el cual es un asunto sobre el que ustedes me cuestionan mucho, se trata de una niña que al día de hoy no hemos podido encontrar porque una fiscal no quiso recibir la denuncia después de ocurrido el hecho, y 11 horas después la familia con sus medios se fue a Papantla, o sea con 11 horas de retraso hace que se complique la localización de la menor, escenarios como esos en general”.
Dijo, que incluso la fiscal podría alcanzar la cárcel por el probable delito de incumplimiento de un deber legal, lo que demuestra que no se va a permitir la mala actuación de los colaboradores de la Procuraduría.
“Y déjate la impunidad, sino la gravedad de cómo se puede complicar un escenario, en el caso de la pequeña yo considero que son factores fundamentales, por lo cual no han podido localizarla, así que ella fue removida y hay otros en situaciones similares y algunos podrían terminar en la cárcel”.
