La Comisión analizará si otorga asistencia por el caso Iguala, pero señala que esto no sustituye la labor del Estado para encontrar a desaparecidos y dar con los responsables de los hechos del 26 de septiembre
(Aristeguinoticias.com) Emilio Álvarez Icaza, secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es contundente: el ataque y la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, Guerrero, es responsabilidad del Estado mexicano, pues se configura como un caso de desaparición forzada, al participar servidores públicos.
En entrevista para Noticias MVS primera emisión, recordó que México ha suscrito convenios internacionales sobre esta materia y en ellos asume su responsabilidad en los casos de desapariciones forzadas.
Sobre la asistencia que solicitó el gobierno federal por el caso Iguala, refirió que la Comisión, por unanimidad, decidió otorgar medidas cautelares a las víctimas de los hechos del pasado 26 de septiembre; lo hizo de una manera excepcional, por la “urgencia” que amerita y la “gravedad de los hechos”.
Además, la CIDH solicitó información al Estado mexicano, el cual por su parte ya entregó un primer reporte, en el cual piden la “asistencia técnica”.
Representantes del organismo internacional ya se reunieron con padres de los normalistas, representantes de centros de Derechos Humanos y una delegación gubernamental -entre ellos el secretario de Gobernación, el Procurador de Justicia, el Consejero Jurídico y 3 subsecretarios.
En dicho encuentro, Álvarez Icaza señaló que la prioridad es ubicar a los desaparecidos y dar con los responsables.
Sobre la asistencia de la CIDH, indicó que “es una decisión que debe tomar el pleno y no debe tomarse como una labor que excluya lo que hace el Estado mexicano”.
“El Estado tendrá que actuar con todos sus medios con independencia de la respuesta de la Comisión Interamericana”, señaló, pues tomará tiempo que resuelva sobre este asunto.
Por ahora “las víctimas quieren a sus hijo de vuelta”, sostuvo; afirmó que este caso es un “parteaguas” y “es inaceptable”.
Recordó que las medidas que pudiera tomar la CIDH serían en un “mediano plazo”, no en corto, aunque “se hará lo posible por resolución a la brevedad pero no sustituyen la capacidad que el Estado debe tener para este fin”.
Sobre lo ocurrido en Iguala, comentó que “pareciera que estamos en un escenario donde se dejaron pasar cosas”, en referencia a que existían denuncias penales -y públicas- sobre los presuntos vínculos con la delincuencia del alcalde de Iguala, José Luis Abarca, señalado como uno de los responsables de los hechos del 26 de septiembre.
Lo ocurrido en Iguala, junto a lo de Tlatlaya -donde habrían sido ejecutadas 22 personas a manos de militares-, “es gravísimo”, e indicó que si el Estado comete delitos “es de la mayor gravedad”.
