Diputados proponen frenar endeudamiento a estados
Coahuila, Chiapas Michoacán, Nuevo León, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz han registrado incrementos sustanciales en saldos de deuda y en algunos casos los ingresos no se han destinado a proyectos de infraestructura o desarrollo humano como educación o salud y sí a gasto corriente
México, DF.- El diputado panista José Guillermo Anaya Llamas presentó una iniciativa de ley para modificar los artículos 73 y 117 de la Constitución, con la finalidad de insertar nuevas reglas en materia de endeudamiento para estados y municipios.
El legislador del Partido Acción Nacional (PAN) argumentó que el endeudamiento es una forma de obtener financiamiento a la que acuden los gobiernos para hacer proyectos que por su costo serían irrealizables con los ingresos ordinarios.
Sin embargo, la contratación de empréstitos debe hacerse con mucha precaución y cautela, y en los presupuestos estatales prever recursos para el pago de la amortización del principal y de los intereses correspondientes.
“Nuestro sistema federal le permite a las entidades federativas contratar empréstitos cuando se destinen a inversiones productivas conforme a las bases y hasta por los montos que establezcan sus legislaturas locales, conforme lo dispone el artículo 117, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, dijo.
Abundó que en ese contexto, sobre todo en los últimos años, la contratación de créditos por parte de las entidades federativas se ha incrementado en forma notable.
Datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público indican que en 1993 las entidades federativas y los municipios registraban obligaciones financieras por el orden de 18 mil 278.2 millones de pesos; en 2000 la cifra aumentó a 90 mil 731.3 millones de pesos y para junio de 2012 se ubicó en 404 mil 409.5 millones de pesos, dijo.
De diciembre de 2008 a junio de 2012 el saldo de la deuda pública de las entidades federativas y los municipios se incrementó en 199.1 por ciento y en algunos casos la contratación de empréstitos no ha observado a cabalidad el principio de equilibrio presupuestal que debe prevalecer para mantener sanas las finanzas públicas estatales.
También detalló que el gasto federalizado de 2005, que considera las participaciones federales, las aportaciones federales, y recursos por Convenio de Descentralización, fue del orden de 631 mil 653 millones de pesos, de los cuales 278 mil 869.3 fueron participaciones federales.
En 2011, prosiguió, tuvo un aumento de 62.8 por ciento, al pasar a un billón 028 mil 542 millones, de los cuales 477 mil 167 millones fueron participaciones federales.
De ahí se infiere que el total del gasto federalizado tuvo un aumento de 62.8 por ciento en siete años, mientras que la deuda estatal subió 199.1 por ciento en tan sólo tres años y medio.
El tema de la deuda pública estatal y municipal, afirmó, “ha sido motivo de atención sobre todo en los últimos años por su notable incremento y comenzamos a escuchar voces de alerta para establecer medidas preventivas que eviten una crisis económica subnacional en el país”.
Anaya Llamas citó que en los últimos cinco años Coahuila, Chiapas Michoacán, Nuevo León, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz han registrado incrementos sustanciales en saldos de deuda y en algunos casos los ingresos no se han destinado a proyectos de infraestructura o desarrollo humano como educación o salud y sí a gasto corriente.
Además, “nueve entidades federativas -incluyendo la deuda municipal en este caso-, han comprometido más de 70 por ciento de los ingresos de sus participaciones federales para garantizar el pago de sus empréstitos”.
A junio de 2012, abundó, la deuda de estados y municipios representó 2.7 por ciento del Producto Interno Bruto Estatal, una cifra de 404 mil 409.5 millones de pesos, sin considerar pasivos por pensiones que ambos niveles de gobierno deberán afrontar en el futuro.
De acuerdo con su iniciativa, se trata de que el texto constitucional señale límites y requisitos para que los estados y los municipios puedan contratar deuda, evitar que lo hagan en temas que no generen crecimiento a futuro y se conviertan en un pasivo insostenible para las siguientes generaciones.
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