Esta semana ocurrieron tres hechos relevantes. La presentación del último informe de la Asociación originalmente creada en Gran Bretaña, Artículo 19; la visita a Veracruz del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las infortunadas declaraciones del gobierno estatal a propósito de unas fotografías de grupos de autodefensa en Tlalixcoyan publicadas en la Agencia Cuartoscuro.
Los tres acontecimientos vuelven a poner en el centro del debate el tema de la seguridad y las frecuentes violaciones a los derechos humanos, donde tienen un papel protagónico (por omisión, comisión o pésima estrategia de comunicación) los distintos niveles de gobierno.
En particular, el gobierno de Veracruz vuelve a ser tema dentro de la agenda nacional, sobre todo por el clima de violencia que campea por toda la entidad y que las autoridades locales no han podido controlar, pese a sus reiteradas declaraciones que todo está bajo control.
El informe de Artículo 19 (por cierto, con muy poca cobertura mediática en el espacio local, ni siquiera en la prensa escrita tuvo alguna relevancia), examina los casos de agresiones a periodistas en el último año de la administración de Felipe Calderón y señala algunos puntos que son particularmente reveladores de lo que ha estado ocurriendo con el tema de la (in) seguridad; así como los “mitos” creados a raíz del supuesto combate frontal al crimen organizado.
En Doble Asesinato, título del informe de Artículo 19, dos elementos resaltan sobre el clima de inseguridad en el que trabajan los periodistas; en particular, quienes principalmente se dedican a la labor reporteril. En primer lugar, el carácter prácticamente incontrolable de la violencia que espantosamente se ha vuelto un tema transexenal y translocal. En segundo lugar, la presunta implicación de un importante porcentaje de funcionarios públicos de los distintos niveles de gobierno, “como responsables de agresiones a la prensa” (pp. 17). De acuerdo con el informe, del total de casos registrados, en el 43% de ellos estaban implicados funcionarios públicos en las agresiones.
Desde luego, hay un apartado especial para los casos más emblemáticos de periodismo comprometido con el oficio de informar y, en este sentido, destaca la narración sobre el asesinato de la periodista, Regina Martínez, ocurrido el 28 de abril de 2012. Además, se analiza el papel de la Procuraduría para quien el caso está cerrado, toda vez que había capturado a uno de los presuntos responsables del crimen, pero éste negó los cargos en una segunda ocasión en que fue presentado ante el juez y, además, aseguró que en su primera declaración había sido “víctima de torturas durante días para doblegarlo y obligarlo a autoinculparse” (pp. 33).
Inmediatamente después de presentado públicamente este informe, tenemos la presencia en Veracruz del Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Lic. Raúl Plascencia Villanueva, quien señaló dos cosas importantes. Una es la incorporación de los funcionarios estatales a un programa de capacitación en derechos humanos y, la otra, el reconocimiento de que en el país se coarta la libertad de expresión y que la labor de informar es una actividad en la que a menudo los periodistas enfrentan problemas.
Además, el presidente de la CNDH, hizo un público reconocimiento al gobierno del estado de Veracruz por instrumentar acciones de apoyo a las víctimas del delito; en particular, la creación de las comisiones especiales para la atención de las mujeres sujetas a violencia, así como la correspondiente a los periodistas.
Cabe apuntar, por último, el caso del fotoperiodista de Cuartoscuro, Félix Márquez, quien registró el surgimiento de grupos de autodefensa en la comunidad “El Inglés”, municipio de Tlalixcoyan, ya que las autoridades locales han quedado rebasadas frente a los frecuentes delitos denunciados (asaltos y robo a casa habitación) por los ciudadanos y ante la prácticamente inexistente presencia de la policía que atienda sus reclamos. El incremento de los delitos y la violencia en la zona, así como la inacción de las autoridades locales, originaron la organización de la ciudadanía para protegerse a través de la creación del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública.
Llama la atención que la primera reacción de los funcionarios estatales no sólo fuese la negación de los hechos y desacreditar al periodista, sino lanzar amenazas en su contra. Más allá de la torpeza mostrada, los funcionarios estatales parecen no darse cuenta de los cambios en el mundo. Piensan gobernar a la vieja usanza, al estilo de las viejas prácticas sintetizadas en el más horroroso lenguaje de la intimidación. Mediante sus yerros no hicieron más que fortalecer el Informe de Artículo 19, así como brindar las evidencias de que son los funcionarios públicos parte de nuestras desgracias. Por fortuna, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha extendido la mano y ofrece capacitar en derechos humanos a los funcionarios estatales. No esta demás reconocer, también, que algunos de ellos han reconocido sus desatinos.
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