En México las declaratorias de áreas naturales protegidas han dejado de ser garantía de conservación. Un hecho emblemático en este sentido es lo sucedido con el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano
Animal Politico/Luz Emilia Aguilar Zinser.- En México las declaratorias de áreas naturales protegidas han dejado de ser garantía de conservación. Un hecho emblemático en este sentido es lo sucedido con el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV) constituido en agosto de 1992 por decreto de Carlos Salinas de Gortari, con un área de 53 mil 238 hectáreas1. En 2004 ese sistema fue declarado sitio RAMSAR por la Convención Internacional de los Humedales y en 2006 se le reconoció como Reserva de la Biósfera por la UNESCO.
La importancia de ese sistema no pareció válida para Felipe Calderón y mucho menos para las autoridades que lo han sucedido. El 29 de noviembre de 2012 un nuevo decreto presidencial modificó el polígono de dicha área natural protegida2. La medida se anunció como un beneficio en virtud de que aumentó la superficie a 65 mil 516 has. Sin embargo, la ampliación fue principalmente hacia fondos arenosos. Los argumentos para ese cambio fueron la corrección de errores en las coordenadas, lo que no requería decreto y nunca se hicieron evidentes en ningún mapa oficial; incorporar el territorio insular, que ya estaba incluido en el primer decreto, y desincorporar la porción del arrecife de Punta Gorda y bahía de Vergara con base en su degradación.
El único efecto práctico y concreto que se logró con el nuevo decreto fue abrir las puertas para que la APIVER, compañía concesionaria de la administración del puerto, pudiera llevar a cabo las controvertidas obras de ampliación física de la infreastructura que le impedía el decreto de 1992. La decisión contó con el apoyo de académicos, entre otros el Dr. Virgilio Arenas, catedrático de la UNAM, director del Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías del 6 de nov de 2009 a junio de 2012 y autor de varios artículos sobre el Golfo de México3.
Otros investigadores, por el contrario, han denunciado que la modificación implica un atentado grave contra el sistema arrecifal y el equilibrio de la zona. El Dr. Horacio Pérez España, especialista en ciencias marítimas y pesqueras de la Universidad Veracruzana, consideró que el EPJ para la modificación de la poligonal del PNSAV, es poco sólido e inconsistente. Pérez España asegura que del arrecife de Punta Gorda depende la sobrevivencia de especies endémicas y que funciona de zona de amortiguamiento para los arrecifes del norte. Para el académico, si Punta Gorda es un arrecife afectado, es porque la autoridad ha fallado en cumplir con su deber, lo que significa un grave precedente como justificación para excluirlo del parque nacional4.
El ingeniero civil por la UV Franklin Rendón, con posgrados e investigación en la UNAM y Harvard, sostiene que el proyecto de ampliación “es totalmente inviable, tanto ambiental, económica, políticamente y sobre todo por razones de seguridad”.5 Asegura que los arrecifes son el sustento de Veracruz y brindan al puerto una indispensable protección ambiental. Las obras en la bahía de Vergara no se han estudiado correctamente y los retos que implican no se han resuelto en el proyecto que se pretende llevar a cabo.
Lo más probable es que de hacerse no funcione y eso tenga muy lamentables conscuencias para el puerto. Rendón ha propuesto como alternativa para las obras el litoral de Alvarado, que sería más barato y mucho más seguro, donde el impacto social de crear infraestructura sería positivo y la afectación ambiental sería mucho menor. Las autoridades se han negado a considerarlo siquiera. El mejor potencial de la zona norte de Veracruz que se quiere afectar es turístico y las obras de llevarse a cabo lo van a arruinar. “Los puertos no deben hacerse sólo para hacer negocio, sino para provocar un proceso de desarrollo de las comunidades”6.
STS094-731-17En septiembre de 2013, desatendiendo la suspensión otorgada al obsequiarse Amparo, la Semarnat aceptó dar curso a la solicitud de APIVER para obtener la manifestación de impacto ambiental del proyecto Ampliación del Puerto. La obra incluye dos rompeolas de longitud conjunta de 7,740 m, una dársena principal de 800 m de diámetro, nueve tipos de terminales y muelles, 30 posiciones de atraque, canal de acceso, canales interiores, una dársena interior de 600 m de diámetro. La dependencia federal entregó el documento de respuesta a la Manifestación de Impacto Ambiental regional (MIA), con la autorización en los siguientes términos: “Se puede concluir que la Ampliación del Puerto de Veracruz en la Zona Norte es un proyecto Ambientalmente Viable”. En el documento referido se especifica que el trámite está concluido y por tanto el resolutivo fue entregado a la APIVER.7
¿Cómo pudo dar curso la autoridad federal a la solicitud de impacto pasando por alto la suspensión otorgada por la autoridad judicial? ¿Cómo puede considerarse ambientalmente viable una obra que evidentemente implica afectaciones irreversibles al SAV y que presenta inconsistencias técnicas esenciales? A esas irregularidades se suma la obviedad de la violación de tratados internacionales: la convención RAMSAR; la declaratoria por parte de la UNESCO de Reserva de la Biósfera; el Convenio de la Diversidad Biológica, ya que las obras del puerto atentan contra especies endémicas en peligro de extinción; y la Convención del Patrimonio Cultural Subacuático, en reconocimiento de los muchos barcos que ahí se han hundido en más de cuatro siglos de funcionamiento de este puerto, el más antiguo de México. ¿Quién tiene la responsabilidad de defender el ambiente en nuestro país cuando las autoridades fallan? ¿Quién pagará las consecuencias del fracaso de estas obras si se llegan a concretar?
“Si Punta Gorda es un arrecife afectado, es porque la autoridad ha fallado en cumplir con su deber, lo que significa un grave precedente como justificación para excluirlo del parque nacional”: Dr. Horacio Pérez España, especialista en ciencias marítimas y pesqueras de la Universidad Veracruzana
En octubre de 2013 se revocó la suspensión definitiva otorgada con el Amparo, el que no ha alcanzado su resolución. Mientras sigue su curso el irregular8 empeño de APIVER para llevar a cabo las obras de ampliación del puerto de Veracruz, los oponentes conservan esperanzas de que la destrucción del arrecife de Punta Gorda y demás conscuencias lesivas para la región aún puedan evitarse. Ojalá que las autoridades ambientales recapaciten ante los argumentos que no han podido rebatir y que la autoridad judicial ejerza su independencia.
Según lo que ha ocurrido hasta hoy la modificación del decreto de 1992 para constituir el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano demuestra que frente a los intereses particulares y la voluntad de las autoridades no hay certidumbre sobre las áreas naturales protegidas. El incumplimiento e responsabilidades no implica sanción. Al contrario, se vuelve argumento justificativo para seguir cometiendo atropellos. La actual legislación y sus interpretaciones no alcanzan para tener la tranquilidad de que los recursos fundamentales para la viabilidad ambiental serán respetados, aún cuando las amparen tratados internacionales. Ante el interés económico, el valor ambiental está en una enorme desventaja. El panorama despierta urgentes preguntas en el contexto del calentamiento global. ¿Cómo se puede permitir que una situación tan irregular se legitime? ¿qué dignidad se deja a la comunidad dedicada al cuidado del ambiente cuando los intereses económicos de un grupo pesan más que el bien colectivo? ¿por qué los temas ambientales no forman parte de las prioridades de la agenda nacional?
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