Arauco sigue indomable. A pesar de la fiera represión policíaca ordenada por el gobierno de Sebastián Piñera, el pueblo mantiene una centenaria lucha por las tierras que le fueron arrebatadas por el Estado y vendidas a empresas que son administradas por los principales grupos económicos del país.
RAFAEL QUINTANA
Santiago de Chile.- Juan Catrileo Huichaman es el sexto de siete hermanos y nació en una pobre comunidad mapuche en la región del Bío Bío. Cuando tenía cuatro años de vida, su madre, Ana Huichaman, aburrida de las golpizas de su borracho esposo y de las miserias que vivía a diario, tomó a sus dos hijos más pequeños y se fue a Santiago en busca de un mejor porvenir.
Allí encontró trabajo como empleada doméstica y con lo poco que ganaba, 150 mil pesos chilenos al mes (unos 300 dólares), arrendó una pieza en el popular barrio de Estación Central.
Pese a todo, Juan era un niño despierto y con facilidad para aprender. Así entró a un colegio municipalizado, donde la educación, si bien de mala calidad, era gratuita. Allí terminó su enseñanza básica y media, con buenas calificaciones. Pero su adversa realidad económica le impidió entrar a la universidad.
No obstante, encontró un trabajo en una tienda de venta de ropa en un popular mall de la Estación Central y de noche estudiaba para contador en un instituto comercial.
Egresó con honores, pero allí comenzó su drama. Al ir a las entrevistas de trabajo a los bancos o instituciones financieras, era casi siempre el primero al que rechazaban. “Ya te llamaremos, le decían”, y siempre elegían a quien tenía algún “contacto”, apellido de origen extranjero o español y tez blanca y pelo rubio. Su condición de mapuche, bajo y de tez morena, le jugaba siempre en contra.
Hoy Juan está trabajando en las mismas condiciones que lo hace la mayoría de sus congéneres: en una panadería, de noche, y ganando una miseria.
Y esa es la realidad que, tal como ocurre en México y muchos otros países latinoamericanos, deben vivir los indígenas en Chile.
Por lo menos en el papel, en Chile existe una Ley Indígena desde 1994, en la que constitucionalmente se reconoce la diversidad de culturas existentes en la sociedad chilena y el derecho de los pueblos indígenas a desarrollarse según sus propios criterios.
El pasado lunes 8 de octubre, el Presidente Sebastián Piñera encabezó en La Moneda, la ceremonia de presentación del Decreto Supremo que establecerá el Área de Desarrollo Indígena (ADI) en Ercilla, Región de La Araucanía, programa que buscará abrir nuevas oportunidades al pueblo mapuche que reside en esa zona.
En mayo pasado, el Congreso despachó la ley que establece medidas contra la discriminación, también llamada Ley Zamudio.
Pero los mapuches quienes viven en carne propia lo que es ser indígena en Chile poco o nada creen en leyes ni en promesas. Ese es un motivo más que suficiente para ser discriminado, recibir insultos en la calle, sufrir malos tratos y ser víctimas de atropellos a las garantías individuales.
Ser indígena también significa que hay mayores probabilidades de tener poca o nula educación, no tener acceso a servicios básicos de salud, vivir en familias sin ingresos fijos y, sobre todo, ser despojado de su tierra ancestral, punto central del más que centenario conflicto.
Ese es el drama que hoy enfrenta en Chile el pueblo mapuche, un problema histórico que también provocó tensiones y excesos en los gobiernos socialistas de Ricardo Lagos (2000-2006) y Michelle Bachelet (2006-2010), y que hoy abre un serio flanco al debilitado gobierno del Presidente Sebastián Piñera.
“GENTE DE LA TIERRA”
Los mapuches o “gente de la tierra”, conocidos por la fiereza con que resistieron la conquista española, han demandando históricamente la devolución de tierras en poder de empresarios y que se caracterizan por estar plagadas de bosques o por su ubicación en zonas por donde pasan importantes ríos.
Los mapuches, la única etnia reconocida como nación independiente por la Corona Española y el Estado chileno hasta fines del siglo XIX, fueron anexados al territorio de país a partir de sucesivas operaciones iniciadas en 1861 y concluidas antes del fin de esa centuria.
Sin embargo, ellos siguen luchando por sus demandas de autonomía y recuperación de tierras ancestrales en el sur del país, a 670 kilómetros al sur de la capital Santiago, donde están algunas de las zonas más pobres de Chile.
Su táctica es tomarse los fundos, atacar a vehículos de empresas forestales y largas huelgas de hambre.
Precisamente el pasado jueves 25 cuatro comuneros mapuches detenidos en la cárcel de Angol suspendieron una huelga de hambre que se extendió por 60 días, tras el fallo de la Corte Suprema que anuló las condenas por homicidio frustrado contra dos de ellos
Eric y Rodrigo Montoya junto con Paulino Levipán y Daniel Levinao dejaron sin efecto la medida de presión que los mantenía en un estado de salud precario. Estos dos últimos, fueron condenados en primera instancia por homicidio frustrado a Carabineros en acto de servicio y porte ilegal de armas de fuego, luego del ataque sufrido por un helicóptero de la institución donde se trasladaba a funcionarios junto al general Iván Bezmalinovic en noviembre de 2011.
REPRIMIDOS VIOLENTAMENTE
Pero en los últimos meses, la sociedad y la política chilenas se han visto conmocionadas por la brutal represión a que han sido sometidos los indígenas en la región de la Araucanía, incluyendo golpizas y disparos con perdigones a mujeres y niños. La agresión a la comunidad mapuche coincide con otra serie de allanamientos, disparos y quemas de casas de esta etnia a manos de policías y civiles no identificados.
De hecho, los indígenas, quienes dicen mantener un conflicto con el Estado chileno, denuncian haber sido víctimas de montajes judiciales, golpizas en descampados y actos al borde de la ley de los fiscales que los procesan.
La violencia policíaca se ha mantenido como una constante y el allanamiento de manera brutal a una escuela de niños en Ercilla incluso provocó la preocupación de UNICEF y la visita a la zona del encargado para Chile.
Algunas de esas situaciones fueron incluso criticadas por los órganos de derechos humanos de Naciones Unidas y el relator para temas indígenas de Chile, James Anaya. “Parece haber un constante ciclo de violencia”, sostuvo el funcionario en su última visita a Chile.
Según organizaciones indígenas, 78 mapuches han muerto por la violencia policíaca desde el retorno de la democracia, en 1990.
El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, insinuó que agitadores autonomistas mapuches estaban detrás de los incendios que arrasaron 30.000 hectáreas forestales en la zona, uno de los cuales provocó en enero pasado la muerte de siete brigadistas que combatían las llamas.
La acusación, ante la que el fiscal nacional pidió “prudencia”, ha sido negada desde la cárcel de Concepción por el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), organización mapuche y autonomista, Héctor Llaitul. “La CAM no tiene relación alguna con los hechos”, subrayó Llaitul, condenado a 25 años de presidio por intento de homicidio de un fiscal, en un juicio con testigos pagados y secretos, como permite la Ley Antiterrorista chilena.
Esta norma, heredada de la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990) y perfeccionada en la era democrática, es criticada por Naciones Unidas, cuyos órganos humanitarios han condenado a Chile por la situación de los mapuches en general.
Varios dirigentes de esa agrupación están detenidos y algunos cumplen condenas por anteriores ataques a agricultores y a vehículos. Varios de ellos fueron acusados formalmente mediante el controversial ordenamiento.
El fiscal Francisco Ljubetic, de La Araucanía, fue más lejos e indicó incluso que dirigentes indígenas más radicales han estado en Colombia, presuntamente en contacto con las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), donde “algún entrenamiento han tenido”, lo que ha sido desmentido por los líderes indígenas.
Pese a todo, la Coordinadora Arauco-Malleco se ha responsabilizado últimamente de acciones violentas y advirtió que rompió “todo diálogo con la república de Chile y le declaramos la guerra”.
El activista pro indígena José Aylwin, hijo del ex Presidente Patricio Aylwin, comentó que la acción represiva policíaca “alimenta la espiral de violencia”.
El gobierno no ha logrado impedir la acción de los grupos indígenas más radicales, pese a su anuncio de entregar tierras a los mapuches y de que marginará de ese beneficio a los sectores identificados como violentos. Hasta 2006 se les habían entregado unas 504.000 hectáreas, que los indígenas consideran insuficientes.
POBREZA Y SEGREGACIÓN
En la región de la Araucanía vive un cuarto de la población indígena de Chile, calculada en un millón de personas, que se dividen en ocho pueblos originarios: Aymara, Quechua, Atacameño y Colla en la zona norte, Mapuche en la zona centro-sur, Yámana y Alacalufe en la zona sur, y Rapa Nui en la zona insular.
Un tercio de los mapuches vive aún en comunidades en el sur; la mayoría, sin embargo, emigró y se asentó en los barrios más pobres de ciudades como Santiago y Concepción.
“En estos lugares no tienen posibilidades de inserción apropiada, sólo aumentan los cinturones de pobreza”, explicó Matías Meza, del Observatorio Ciudadano, dedicado a los derechos de los pueblos indígenas.
Según datos oficiales, el nivel de pobreza entre los indígenas es mayor respecto a la población no indígena (19% contra 13%).
El historiador Gabriel Salazar señala que la sociedad chilena “nunca reconoció al pueblo mapuche los legítimos derechos a la tierra y ocupar el espacio que siempre tuvieron”.
Agregó que “la sociedad santiaguina, y por derivación la sociedad nacional que Santiago construyó a partir de la capital, desarrolló un espíritu clasista respecto del pueblo mapuche, por no decir racial o racista, y nunca lo absorbió realmente como un igual dentro del territorio”.
Recordó que lo más grave es que el territorio mapuche fue conquistado por el Ejército chileno en la segunda mitad del siglo XIX y las tierras de la Araucanía fueron repartidas entre distintos especuladores, particularmente de Santiago.
Ahí se generó un conflicto que ha perdurado sordamente en el siglo XXI, y que durante el gobierno de Piñera se ha agudizado, indicó.
“Es un problema grave que no se puede resolver con acciones puramente policíacas sino con una política de fondo que tome en cuenta que es un problema histórico mayor, que los Mapuches son un pueblo que tiene un derecho inalienable a la tierra y a un cierto nivel de autonomía en todos los planos”, completó Salazar.
“Hay un problema de integración y discriminación y la mejor prueba es que la mayoría de los chilenos que piden cambiar de apellido son mapuche”, agregó el analista Ricardo Israel.
“Históricamente han sido vistos como flojos, borrachos o personas atrasadas en el proceso de desarrollo del país”, concluye Meza.
Para el sociólogo Pablo Huneeus, la chilena “es una sociedad con pretensiones europeas que practica una solapada discriminación contra personas de ciertos rasgos físicos, como los mapuche (la etnia mayoritaria). Esta se expresa en el empleo y el sistema educacional, que va dejando a fuera a estas personas”.
PROBLEMA DE DIFÍCIL SOLUCIÓN
Para los expertos, el conflicto indígena, haga lo que haga Piñera o el próximo gobierno, no tiene horizontes de solución por su magnitud económica y a pesar de que las autoridades entregaron o regularizaron la propiedad de medio millón de hectáreas a las comunidades desde 1990.
El nudo del conflicto es que los mapuches consideran, en base a antiguos títulos de merced, que unas tres millones de hectáreas les pertenecen en el sur del país. La mayoría de esos predios son propiedad de firmas forestales y administradas por los principales grupos económicos del país, que controlan más de la mitad del producto interno bruto chileno.
“Queremos recuperar seis millones de hectáreas. Mientras, seguiremos con las tomas y sólo nos defenderemos con nuestros ‘huiños’ (instrumento a base de huesos) y boleadoras”, planteó el “ñisol” (líder) Juan Catrillanca. Unas 60 comunidades se agruparon para luchar por la recuperación de tierras ancestrales.
La posibilidad de un acuerdo, jamás logrado en la historia independiente del país, enfrenta la dificultad de que la etnia mapuche está fragmentada en 2 mil 200 comunidades y no tiene un liderazgo común para sus miembros.
Piñera, un millonario que ha promovido hasta ahora una política de desarrollo productivo para las comunidades, ha debido apelar a toda su capacidad de negociación para encarar un conflicto de cientos de años y sin un negociador claro al frente.
El conflicto, que observadores de derechos humanos y líderes mapuches creen que escalará, coincide con otra serie de protestas en Chile de profesores, habitantes de villas miseria y ecologistas.
Todo ello en la antesala de los comicios generales de 2013, que encuentran al gobierno con un escuálido apoyo de entre 20 y 30 por ciento en encuestas de diverso signo.
*Periodista y licenciado en comunicación social de la Universidad Católica de Chile. Ha trabajado de reportero y editor en diversos medios de comunicación chilenos. Experto en el ámbito de la política, también ha abordado el área internacional, cubriendo diversos procesos políticos en países Latinoamericanos, incluyendo México.
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