Ha sido declarada formalmente presa la ex-líder del sindicato de maestros, Elba Esther Gordillo Morales, bajo los cargos de operación con recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero y crimen organizado. Todos estos delitos se consideran graves y son, además, de alto impacto mediático. Si se trata de enviar un mensaje tanto a grupos de poder legales o extralegales, así como a un público amplio, creo que la medida fue certera y seguramente los llamados poderes fácticos tomaron nota del mensaje.
Si el gobierno del presidente Peña Nieto tiene las pruebas para demostrar el origen ilícito de los recursos utilizados para el dispendio, quiere decir que no se está hablando del financiamiento que la líder recibía vía cuotas sindicales, sino de otro tipo de recursos que alimentaban la forma de operar del sindicato y sus dirigentes. Por ello, la defensa ha enfocado todas sus energías y pruebas en demostrar el origen lícito de los recursos manejados. Si la fuente de recursos a disposición de Elba Esther Gordillo como presidenta vitalicia del SNTE, devienen del financiamiento aportado por el Estado y de las cuotas sindicales, ¿quiere esto decir que el gobierno actual detectó que existe un venero distinto por la que llegaban recursos al sindicato? En este sentido, podría exigirse una más amplia explicación al gobierno del presidente Peña Nieto, pero resulta ocioso considerar tal disposición.
Entonces ¿por qué el presidente afirma que los recursos son de los maestros y no de sus dirigentes? Desde luego, nadie en su sano juicio podría exonerar a la líder de haber usado indebidamente lo recibido por concepto de cuotas sindicales o recursos públicos. Pero a Elba Esther no se le acusa porque haya mal empleado los recursos de sus agremiados, sino de lo que recibía por vías no lícitas. ¿no se le podrían haber fincado responsabilidades por el mal uso de las cuotas y patrimonio de los trabajadores? En este sentido, lo importante era el mensaje y no evidenciar que existe la voluntad política para proceder jurídicamente aplicando el derecho sin distinciones. Es cierto que se usaron procedimientos jurídicos aparentemente pulcros, pero deja un halo de sospecha semejante rudeza en la aplicación del derecho bajo los cargos que se le imputan.
El caso de la líder sindical es indefendible no por las razones jurídicas esgrimidas, mismas que serán la coartada para que la defensa pueda encontrar las salidas legales y buscar la excarcelación de su cliente en el próximo sexenio o incluso antes. Se trata de un asunto que a todas luces destilaba el néctar orgiástico de la corrupción sindical que, por cierto, no es privativo del gremio magisterial. Por lo tanto, el delito por el que uno esperaría debería enjuiciarse a la maestra más bien sería por el uso y abuso de los recursos tanto públicos, como de los agremiados. Las arcas sindicales no aguantaban la más mínima auditoría durante la gestión de Elba Esther Gordillo y por ello debieron proceder jurídicamente en contra de ella y sus cómplices.
Era del dominio público la ostentación y la frivolidad de la ex-líder sindical, que no tenía pudor alguno en hacer evidente el amplio poder del que gozaba y que la convertían en un personaje de la política prácticamente intocable. Protegida y encumbrada por el poder del PRI y el PAN, paga hoy la osadía de haberse mostrado contraria a la reforma educativa. La dirigente lanzó su desafío y el gobierno aprovechó la ocasión para un mensaje de autoridad. No nos olvidemos que estamos ante un Estado con gran fragilidad, aunque nos parezca sorprendente. Asediado por el crimen organizado, poderes fácticos (no sólo los líderes sindicales; por cierto), iniciativas populares de autodefensa, un movimiento entre insurgente y cívico que volvió a sacar la cabeza (EZ), gobiernos estatales que instalan sus propios feudos y que son intocables; en resumidas cuentas, un escenario de desorden con desafíos constantes a la autoridad constituida.
La defensa ha diseñado una estrategia legal para demostrar que los recursos son lícitos. Sin embargo, el juez ha considerado que existen elementos suficientes para sostener la hipótesis de los delitos con que se le acusa. Si la defensa logra demostrar que el origen de los recursos son legales, la parte acusadora deberá aportar más pruebas para sustentar sus imputaciones.
Se discute si el caso tiene similitudes con otros que históricamente han sido ilustrativos del carácter autoritario y extralegal con el que ha operado el régimen, particularmente en su versión priista. Desde luego que hay elementos semejantes, pero también hay otros que marcan la diferencia. En este sentido, estamos ante la re-edición del carácter autoritario que siempre ha distinguido a los gobiernos priístas. Sin embargo, es posible observar cambios al menos en la forma en que se dirimen conflictos entre adversarios. Antes era la Secretaría de Gobernación quien repartía golpes a los desleales o disidentes; hoy es la Secretaría de Hacienda la que recoge evidencias e instaura expedientes y la Procuraduría General de la República la que pone en práctica el castigo ejemplar. Antes se sembraban armas y hasta cadáveres; hoy se trata de expedientes en un sistema de justicia podrido por la corrupción y la ineficacia. Algo es algo.
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