Ocho casos de violaciones a mujeres por militares ante la CIDH
Se está tratando de sentar las bases para una discusión sobre el fuero militar. Se desconoce el número exacto de mujeres que han sido víctimas de violencia sexual
Xalapa, Ver.- (RadioVer/Zujey Ortega) Debido a la desconfianza que existe para con las autoridades impartidoras de justicia son pocas las denuncias de mujeres que han sido violentadas sexualmente por elementos castrenses, aseguró, Martha Sánchez Néstor, coordinadora la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México.
La defensora de derechos indígenas originaria del estado de Guerrero, reconoció que solo hay ocho casos documentados a nivel nacional, mismos que ya fueron presentados ante las instancias nacionales e internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Y es que dijo, en las dependencias impartidoras de justicia del país no han encontrado respuesta para las víctimas, toda vez que aun se encuentra la discusión de que militares sean juzgados por autoridades civiles.
Sin embargo, las organizaciones de defensa de derechos humanos con el apoyo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se está tratando de sentar las bases para una discusión sobre el fuero militar.
Si bien se desconoce el número exacto de mujeres que han sido víctimas de violencia sexual, estos ocho casos documentados y denunciados son importantes.
“Hay dos casos en Guerrero, los de Valentina Rosendo e Inés Fernández que llegaron a la corte Interamericana de Derechos Humanos, hay casos en Chiapas, Veracruz, y Oaxaca, que están luchando por la justicia”.
Y es que, además de haber sido violentadas estas mujeres indígenas se enfrentan también a la falta de impartición de justicia, amenazas y ataques por parte los militares en represalia por su denuncia.
Por ello confió en que la SCJN retire el fuero militar a aquellos elementos que hayan cometidos delitos contra civiles, que será un gran avance para detener la impunidad.
“El tema de la militarización es un tema crucial, para el país”.
Además recordó que debido a la política de Seguridad Nacional de nuestro país, la recomendación de la Cedao es que se salvaguarde los derechos de los ciudadanos y comunidades indígenas donde el Ejército tenga presencia.
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