Con la implementación de cuatro políticas, el país puede reducir o eliminar los crímenes de lesa humanidad como desapariciones forzadas, secuestros, ejecuciones, entre otros, dice Edgardo Buscaglia, quien asegura corrupción e intereses personales bloquean las reformas
Amigzaday López Beltrán
Desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico, México ha quedado atrapado en una ola incontenible de violencia imparable, sin embargo, el experto en crimen organizado, Edgardo Buscaglia, asegura que hay un método científico para acabar con ella.
Un sistema que requiere la aplicación de cuatro políticas públicas simultaneas que ya han probado resultados en 67 países.
“La ausencia de Estas medidas explica porque México sigue dando marcha atrás y la delincuencia organizada es cada vez más poderosa”, señala el investigador académico de la Universidad de Columbia en Nueva York.
Las cuatro políticas públicas consisten en auditorias ciudadanas, reforma electoral antimafia, controles patrimoniales del sector privado y prevención social de la delincuencia organizada.
“Cuando el estado aplique esas políticas de manera simultánea comenzará a acotar a la delincuencia organizada y empezará a disminuir la frecuencia en crímenes de lesa humanidad como desapariciones forzadas, secuestros, fosas comunes, violencia armada, etcétera. Todos esos delitos que no te dejan salir a la calle”, señaló.
No obstante aclaró que el tráfico de drogas, juegos, prostitución adulta y lavado de dinero continuarán.
El también Presidente del Instituto de Acción Ciudadana en México indicó que la primera política consiste en Auditorias Ciudadanas de Sociedad Civil, donde ésta tiene una participación proactiva en la toma de decisiones, así como su evaluación y mejora continua.
Recordó que cuando se le propuso al senador Ricardo- Monreal, dijo que “en México no se le puede dar tanto control a la ciudadanía”.
La segunda es una Reforma Electoral Antimafia que disminuye las posibilidades de la delincuencia organizada de colocar a sus candidatos a puestos de elección popular, “que las candidaturas se determinen a través de voto popular en cada uno de los partidos”.
“No necesitas ser un experto para darte cuenta que un sistema electoral basado en el dedazo y en la ausencia de auditorías ciudadanas es mucho más fácil de penetrar para la delincuencia organizada, que el aplicado en 67 democracias y sujeto a auditorias preventivas donde hay voto popular”, puntualizó.
Señaló que la Reforma Electoral Antimafia en México es ciencia ficción. “Lo hemos explicado a los funcionarios del Gobierno pero no lo aplican porque no le conviene al sistema político. Hay un gobierno dividido de ángeles y demonios, donde éstos últimos bloquean el trabajo de quienes buscan erradicar estos problemas”.
Tercera, Controles patrimoniales del sector privado, “se requiere hacer una coordinación interinstitucional con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIT), SAT, Aduanas y la Súper Intendencia de Bancos, que México la hace, sin embargo no se judicializan esas denuncias”.
Destacó que el trabajo de Santiago Nieto ha mejorado mucho, “pero esas denuncias no se judicializan y no se produce nada. Las que se mueven es por de presión de Estados Unidos, pero no están en piloto automático como debería ser”.
Cabe destacar que de las 276 denuncias presentadas por la UIF hasta marzo, sólo un caso ha sido judicializado, un 0.04 por ciento; mientras en países como Italia, el 95 por ciento de las denuncias se judicializan.
“No solo se detiene a criminales, también se desmantelan sus operaciones y redes patrimoniales”, explicó.
La cuarta política es la Prevención Social de la Delincuencia Organizada, donde los bienes decomisados automáticamente por Ley de Reasignación Social se les asigna a esas víctimas como mecanismo social de integración legal.
“Estuve en Italia donde me llevaron a un campo donde hombres y mujeres de Senegal, Argelia, Nigeria, entre otros, fueron rescatadas por las autoridades porque trabajaban como esclavos. Eran traídos de sus países, les quitaban el pasaporte y les decían hasta que no nos pagues estos 10 mil dólares que nos debes de acá no sales”.
Actualmente esas personas, dijo, trabajan en esos campos con documentos legales, administrando cultivos, producción de ropa, o bien, les dan opciones para la reintegración.
Destacó que con la Ley de Reasignación Social de Bienes Decomisados, a los criminales les confiscan propiedades y automáticamente se asignan a las víctimas, “no para el usufructo, sino para que la usen como mecanismo social de integración legal. Es una sentencia, no es una decisión social del Presidente, el estado está obligado a reasignar el bien para la atención de la víctima”.
Resaltó que aunque estas cuatro políticas ya se han propuesto al Congreso Mexicano, no se han aplicado porque hay corrupción e intereses personales.
“Tienes en México a políticos bloqueando esas políticas sociales de bienes decomisados, obstrucción de la justicia, no dando apertura a las auditorias ciudadanas y a la implementación de la Ley Electoral Antimafia”, insistió.
Indicó que en países como Colombia, Brasil, Costa Rica, España Italia, Francia, Canadá, entre otros 67, se han aplicado estas cuatro políticas y han logrado eliminar o disminuir los crímenes de lesa humanidad.
Puso como ejemplo la frontera entre Canadá y Estados Unidos donde hay un gran tráfico de drogas y armas, pero la violencia de lesa humanidad no existe porque la delincuencia organizada está acotada con esas cuatro políticas públicas.
