Las contradicciones de la administración de Enrique Peña Nieto en materia de comunicación y publicidad son abundantes: Aunque mantiene un derroche millonario para cultivar su imagen, se muestra reacio a transparentar sus gastos en esos rubros; incluso habla de “información inexistente” cuando el IFAI le pide rendir cuentas.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Siempre proclive a cultivar su imagen en los medios, dispendioso en materia de publicidad desde su gestión como gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto sigue destinando partidas millonarias secretas para su promoción, ahora desde Los Pinos.
Según datos oficiales la Presidencia de la República tiene un grupo especializado en gestión de imagen, estrategias de comunicación y manejo de la opinión pública. Y aun cuando nadie sabe cuánto ha gastado el gobierno en publicidad en los últimos 10 meses ni quiénes han sido contratados por la Presidencia para esos trabajos –más de una tercera parte de su personal se aboca a esos menesteres–, ya se le asignaron nuevos fondos.
Pese a las críticas recibidas por esos desplantes aun desde su campaña –cuando jóvenes del movimiento #YoSoy132 criticaron su cercanía con el duopolio televisivo y los pagos millonarios a Televisa para que sus mercadólogos le construyeran una imagen publicitaria a modo–, Peña Nieto y su equipo no dejan de apostarle a los medios para posicionarse.
Tras esos reclamos, que se iniciaron en mayo de 2012 en la Universidad Iberoamericana y se extendieron a varias universidades e incluso ganaron las calles, Peña Nieto presentó un Manifiesto por una Presidencia Democrática en el cual se comprometió a trabajar con transparencia y a impulsar una legislación para regular la publicidad desde Los Pinos (Proceso 1917). Hasta ahora no ha cumplido.
Ante la opacidad con la que se conduce en lo relativo a contratación de publicidad oficial, varios particulares han acudido al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI); no han tenido respuesta aun cuando ese tipo de gastos tiene carácter público y son parte de las obligaciones mínimas de transparencia que deben actualizarse en el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT).
Las peticiones sobre cuánto se invierte en los estudios de opinión, diseño de campañas, planes de comunicación y las producciones para ejecutarlos –por lo general se contrata a empresas privadas cuyos nombres se desconocen hasta ahora, pues los recursos de que disponen los avalan sólo la Secretaría de Gobernación y la Oficina de la Presidencia– tampoco se han hecho públicas.
(Fragmento del reportaje que se publica en Proceso 1922, ya en circulación)
