En una investigación del New York Times, miles de mensajes de texto entre policías y militares y líderes de los cárteles revelan su involucramiento en el asesinato y desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Redaccion
Alrededor de 23.000 mensajes de texto inéditos, declaraciones de testigos y documentos de investigación obtenidos por The New York Times formula una respuesta: prácticamente todas las ramas de gobierno en esa zona del sur de México llevaban meses trabajando para el grupo delictivo en secreto, lo que puso la maquinaria del Estado en manos del cártel y neutralizó cualquier obstáculo que se interpuso en su camino.
El reporte indica la colusión entre el grupo delincuencial Guerreros Unidos y autoridades, que causó la desaparición de los jóvenes. Las comunicaciones afirman que prácticamente todas las ramas de gobierno en esa zona del sur del país llevaban meses trabajando para el grupo delictivo, lo que puso todo el poder del Estado en manos de narcotraficantes.
Los comandantes de policía cuyos agentes se llevaron a muchos de los estudiantes durante esa noche de 2014 habían estado obedeciendo órdenes directas de los narcotraficantes, según muestran los mensajes de texto. Uno de los comandantes dio armas a los integrantes del cártel, mientras que otro respondió a una instrucción de que persiguiera a sus rivales.
Militares que monitoreaban de cerca el secuestro pero nunca acudieron a socorrer a los estudiantes también había recibido sobornos del cártel. En los mensajes de texto, captados en intervenciones telefónicas, los traficantes y sus colaboradores se quejaban de la insaciable codicia de los soldados, y se referían a ellos como “putos” a los que tenían “en la bolsa”.
Hay otra pregunta que los mensajes de texto podrían ayudar a resolver: ¿por qué ejecutó Guerreros Unidos a un grupo de 43 estudiantes que se estaban formando para ser maestros y no tenían nada que ver con el crimen organizado?
En los meses y semanas previos al secuestro, según muestran las intervenciones telefónicas, el cártel se había puesto cada vez más paranoico, asediado por luchas intestinas mortales mientras trataba de defender su territorio ante el avance de sus rivales.
Así que cuando decenas de jóvenes llegaron a la ciudad de Iguala en autobuses de pasajeros —no muy distintos a los que el cártel usaba para contrabandear drogas a Estados Unidos— los traficantes confundieron el convoy con una incursión enemiga y dieron la orden de atacar, según lo que dicen ahora los fiscales.
A nueve años de la desaparición de los estudiantes, nadie ha sido sentenciado por el crimen, por lo que el caso ha pasado a simbolizar un sistema averiado incluso no puede resolver los actos más descarados de brutalidad. El gobierno anterior fue acusado de orquestar un amplio encubrimiento para esconder la participación de las fuerzas federales en el secuestro, en particular las del todopoderoso ejército.
Ahora la investigación se encuentra en una encrucijada clave. En el gobierno de López Obrador las autoridades han ordenado la detención de 20 soldados mexicanos en conexión con los secuestros, entre ellos más de una decena de elementos en junio. Para integrar el caso, las intervenciones telefónicas han sido cruciales.
Las comunicaciones del cártel fueron interceptadas en 2014 por la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por su sigla en inglés), como parte de una investigación de las actividades de tráfico de drogas de Guerreros Unidos en los suburbios de Chicago. Durante años, México trató de acceder a los mensajes de texto, pero las autoridades estadounidenses solo entregaron los 23.000 mensajes el año pasado. Según un investigador, esto sucedió así en parte debido a una persistente desconfianza en el gobierno mexicano. La DEA no quiso hacer comentarios.
Los mensajes obtenidos por el Times no abarcan la noche de la desaparición y aún faltan detalles clave de lo sucedido a los estudiantes.
Lo que resulta claro es que el horror inició el 26 de septiembre de 2014, cuando decenas de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa viajaron a Iguala, en el estado de Guerrero. Tomaron el control de varios autobuses para trasladarse a una marcha en la Ciudad de México, una tradición que las autoridades solían tolerar.
