Historias desde el corazón de los familiares de los periodistas asesinados y criminalizados por el estado a quienes se les quedó a deber una disculpa. En su búsqueda por justicia han sido secuestrados, torturados, amenazados física y laboralmente para silenciar sus reclamos
I de IV partes
México, D.F.
Amigzaday López Beltrán
¿Te imaginas a los hijos adolescentes de los periodistas a quienes les dijeron, a tu papá o mamá lo mataron por ser parte del crimen organizado? ¿Te imaginas cómo les marcaron la vida? El nombre, lo único que les quedó, está manchado para siempre, reclama Jorge Sánchez, hijo del periodista asesinado hace ocho años en Medellín de Bravo, Veracruz, México, Moisés Sánchez.
“No ha habido avances, las investigaciones siguen exactamente igual que hace cinco, ocho o diez años”, dice Jorge, quien al igual que los familiares de periodistas coincide en que las esperanzas se desvanecen ante la falta de avances en las investigaciones y el incumplimiento de las promesas gubernamentales.
SECUESTROS, TORTURAS, AMENAZAS: LOS OBSTACULOS AL EXIGIR JUSTICIA
A más de 10 años de los asesinatos que marcaron una época oscura en Veracruz y que convirtieron a la entidad en la más peligrosa para la prensa en América Latina, según informe de la organización internacional Reporteros Sin Fronteras, los familiares de periodistas rompen el silencio y enfrentan una ardua lucha que va más allá de la búsqueda por justicia.
Han sido víctimas de secuestros, torturas y amenazas tanto físicas como laborales, en un intento por silenciar sus reclamos al buscar obtener respuestas de las autoridades.
“Hay casos de familiares de periodistas que han sido torturados, amenazados, subidos a camionetas y golpeados. Queremos que se evidencie lo que sucede en el país para que no se vuelva a repetir, de ser necesario, que se lleve a Tribunales Internacionales, porque al gobierno le es indiferente lo que pasa”, dice.
“Hay tanta impunidad en México que desaparecer a un periodista le ha sido tan fácil a los funcionarios, a los delincuentes, a cualquiera que quiera hacer a un lado a un medio incómodo”, enfatiza.
La desesperación ha llegado a tanto, que Jorge Sánchez se apersonó en la conferencia de prensa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y le dijo que “aunque no son la mamá del Chapo”, el líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos, pedían justicia, la reapertura de los expedientes de los periodistas asesinados y una disculpa por la criminalización a los comunicadores.
López Obrador se comprometió antes del pasado 07 de junio, Día de la Libertad de Expresión, a dar seguimiento a los casos de periodistas asesinados y delegó el caso a sus subalternos. El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, les prometió hacer una campaña nacional para reivindicar el nombre de los periodistas asesinados.
El Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, dijo que pediría una disculpa pública, para los periodistas criminalizados. Ambos se comprometieron a investigar a los responsables de la mala integración de los expedientes de periodistas asesinados en Veracruz por omisión, complicidad o negligencia.
Este factor ha ocasionado que solo uno de los 15 casos de periodistas asesinados que forman parte de esta Red, el de María Elena Ferral, haya tenido avances parciales. De todas las personas involucradas y de las promesas vertidas, ninguno cumplió.
“Hubo promesas, muchas, pero pocos avances o acciones. Nosotros tenemos claro que esta disculpa debería ser una forma de mostrar la voluntad del Estado para esclarecer los crímenes y limpiar el nombre de los periodistas, pero no reemplaza la impunidad que hemos padecido ni la justicia que perseguimos”, dice.
CRIMINALIZACIÓN E IMPUNIDAD
Un 2 de enero del 2015, Moisés Sánchez, el padre de Jorge, fue secuestrado en su casa, arrebatado frente a su esposa y nietos. Las autoridades policiales no se movilizaron rápidamente para su búsqueda, al descartar que se tratara de un periodista, y lo criminalizaron al tratarlo como un taxista y activista, minimizando su desaparición forzada. El 24 de ese mismo mes, 23 días después, se encontró su cuerpo.
A otros comunicadores asesinados los han señalado de “tener vínculos” con el crimen organizado. Jorge Sánchez, vocero y fundador de la Red insiste en que el Estado ha tratado de criminalizar a los periodistas como una forma de que la sociedad voltee a otro lado, “por eso el dolo del Gobierno al filtrar información errónea”.
“A los hijos de los periodistas asesinados, algunos adolescentes, se les dijo como versión oficial que mataron a tu madre o padre porque algo oscuro tenía, y qué haces, estás indefensa, no tienes experiencia, nada. Muchas familias guardaron silencio porque estás compitiendo contra el Estado que tiene todos los recursos, los medios oficiales, por eso muchas voces quedaron calladas y hoy han tenido el valor de salir y hablar, por ello una de las líneas es reivindicar la memoria de los periodistas”.
Explicó que el Estado insistió durante la época del ex gobernador Javier Duarte que “los periodistas algo debían, se lo merecían, en algo andaban…tratando que la sociedad volteara a otro lado, por eso el dolo del filtrar información errónea. Eso ha sido doblemente impactante para las familias, porque ahora luchamos no solo por la justicia, también queremos limpiar el nombre de nuestros familiares”, señala.
Esa criminalización ha tenido impactos emocionales en los familiares, pero también ha obstruido la justicia. La esposa de uno de los periodistas asesinados, un crimen ligado a presuntos nexos con el crimen organizado, caso que será analizado en la III parte de la serie, señala que no pudo contratar a un abogado.
“Los abogados pensaron que tenía mucho dinero y, en lugar de cobrarme 15 mil pesos por un trámite, me pedían 80 mil pesos y de dónde iba yo a sacar eso si apenas teníamos para comer”, relata la familiar del periodista asesinado.
Jorge Sánchez indica el común denominador en las historias de los familiares de periodistas asesinados al querer exigir justicia para las víctimas sin voz es la impunidad y la criminalización de los periodistas.
“Lo que pedimos es que se reabran los expedientes para dar con los responsables materiales e intelectuales de los asesinatos de los periodistas y que se limpie su nombre”, insiste.
SIN SENTENCIAS, NO HAY REPARACIÓN DE DAÑO PARA LAS VÍCTIMAS
Mantener los expedientes abiertos de los periodistas asesinados no solo perpetúa la impunidad para los responsables materiales e intelectuales; en una doble victimización, también impide a las familias acceder a los recursos que el Estado les debe proporcionar como parte de la reparación del daño.
“Si no hay sentencias ¿cómo vas a acceder a la reparación del daño? Los expedientes siguen abiertos…hay familias que se han desecho, madres solteras que han tenido que dejar los hogares para ser las encargadas del sustento familiar. A los hijos de los periodistas les prometieron becas para continuar estudiando, pero no les dieron nada y muchos dejaron los estudios”, explica.
Para Jorge Sánchez, en su lucha personal por la justicia por el asesinato de su padre, Moisés Sánchez, hay cada vez menos esperanza de que haya justicia, y lo mismo pasa con los casos de más de cinco años donde no se han integraron los expedientes correctamente.
“Nos prometieron investigar a los responsables de la mala integración de las diligencias, pero por acción, omisión o complicidad no recopilaron las evidencias, se extraviaron diligencias y no hay resultados. Los políticos prometen mucho, pero a la hora de cumplir, siempre fallan”, dice desilusionado.
Jorge Sánchez honra el legado de su padre en Medellín de Bravo, Veracruz, mediante la publicación de La Unión, un nombre simbólico que Jorge Sánchez ha extendido con la conformación de la “Red en Memoria y Lucha de Periodistas Asesinados o Desaparecidos”, para unificar los desesperados reclamos de los familiares de periodistas y las voces silenciadas de las víctimas que claman por justicia y el resarcimiento de sus nombres.
